Luis Alban Comunes
Tras la grave crisis producida por la pandemia, y la grave situación de más de 7 millones de hogares en Colombia, desarrollamos y radicamos en el Congreso de la República, junto con el Comité Nacional de Paro un proyecto de ley que busca crear una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para estas familias que se encuentran en la pobreza y que han sido afectadas por la crisis económica.
De acuerdo con el Dane, a diciembre de 2019, justo con antelación a la pandemia, lapobreza monetaria en el país alcanzaba el 35.7% de la población colombiana, cerca de 5 puntosporcentuales superior al promedio para América Latina y el Caribe: en las cabeceras urbanasel 32.3% y en las zonas rurales (centros poblados y rural disperso) el 47.5%.
Quiere decir esto que 17.470.000 personas estaban en pobreza monetaria, con el agravante deque la situación de las mujeres (38.2%) era más crítica aún que la de los hombres (34.4%) ytodavía peor en el caso de la juventud (43%). En algunas ciudades la situación resultaalarmante, como los casos de Quibdó (60.9%), Riohacha (49.3%), Cúcuta (45.5%), Popayán(44.9%), Santa Marta (44%) o Florencia (43.9%). La situación en las grandes ciudades era yade por sí altamente preocupante: Bucaramanga (31.4%), Bogotá (27.2%), Barranquilla(25.6%), Medellín (24.4%), y Cali (21.9%).
Por tal razón, la política de Renta Básica como política permanente de Estado se constituyeen un instrumento necesario para permitir que los hogares en situación de pobreza yvulnerabilidad, que en buena parte están en cabeza de mujeres (4 de cada 10 hogares para lapoblación general), puedan tener incondicionalmente los recursos monetarios suficientes parapoder adquirir los bienes y servicios requeridos para la vida.